Por Javier Kristensen.
Aún quienes no están permanentemente pendientes del mundillo político, habrán oído esta semana algo referente a una Comisión de Seguimiento del Fondo de Financiamiento Educativo. A veces para entender el presente hay que remontarse al pasado, y en ese pasado encontramos que el Fondo de Financiamiento Educativo fue creado hace 30 años, cuando Eduardo Duhalde era gobernador de la Provincia. El espíritu era y sigue siendo valorable, destinar un porcentaje de diferentes ingresos coparticipables exclusivamente para ser invertidos en educación. Así funciona, y ha dado soluciones concretas que se ven reflejadas en infraestructura educativa y otras políticas públicas destinadas a mejorar la calidad educativa.
Los Intendentes, todos los intendentes, buscan incansablemente maneras de financiar sus acciones porque ningún municipio se autoabastece con las tasas que cobra, necesita imperiosamente del aporte provincial. El jugoso Fondo Educativo es una caja demasiado tentadora para no generar disputas en la manera de administrarlo. Tres Arroyos recibirá este año, mínimamente, dosmil cuatrocientos millones de pesos en concepto de Fondo Educativo.
La gestión vecinalista utilizó el Fondo Educativo para realizar infraestructura escolar, construir el Polideportivo, y para muchas mas obras que no siempre estaban directamente ligadas a la educación, pero se le buscaba el argumento para que disimule. La oposición se enojaba, y decía que se utilizaba arbitrariamente. En lo que fue una buena práctica política, buscando acuerdos y consensos, se aprobó en 2019 una ordenanza que creaba una Comisión para asesorar sobre la utilización del dinero que llegaba desde la Provincia. Esa Comisión la integraban concejales, consejeros escolares, y representantes de la educación (gremios y autoridades educativos). Una nueva Ordenanza del año pasado regulaba las autoridades de esa Comisión, y aplicando esa norma el cuerpo renovó autoridades. Todo en el marco de la norma. El anterior presidente era el concejal oficialista Adolfo Olivera, quien desde que se planteó la necesidad de renovación de autoridades se rehusó a aceptarla, tanto es así que faltó a la reunión donde se eligió nuevo coordinador.
Una vez que el nuevo coordinador fue elegido por la Comisión, el Intendente Garate informó a través de una nota otorgada a un medio de comunicación que había vetado la ordenanza. Es decir, que al momento en que se hacía la renovación de autoridades, Garate había ejercido el poder que le otorga la ley de derogar por decreto una norma legislativa, cuestión que está dentro de sus potestades como Intendente, pero está fuera las buenas prácticas políticas.
El oficialismo ocultó en forma absolutamente intencionada al Consejo de Seguimiento la decisión que había tomado el Intendente. Las formas fueron legales, pero ilegítimas. El oficialismo utilizó el poder del veto para engañar a todo un grupo de personas que integran un cuerpo donde se pretende ser el ojo de la comunidad en un tema sensible como la utilización de fondos públicos.
La decisión de tenderle una trampa al Consejo Asesor dejándolo renovar autoridades cuando entre gallos y medianoche el Intendente había derogado la ordenanza es una trampa. No a los políticos, sino a la comunidad. Una trampa que resume la forma de ejercer el poder que tiene el Ejecutivo, resumido en una frase atribuida a Luis XIV de Francia, «El Rey Sol»: «El estado soy yo».
