La Cámara Federal de Casación Penal le concedió este lunes la prisión domiciliaria al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, condenado a cuatro años de cárcel en la causa por la Tragedia de Once. La decisión revocó el rechazo previo del Tribunal Oral Federal 4 y habilitó su salida del penal de Ezeiza para continuar la condena bajo monitoreo electrónico en una chacra de la localidad bonaerense de Zárate.
El fallo fue firmado por los jueces Mariano Borinsky, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, integrantes de la Sala III de Casación, quienes consideraron acreditado que el estado de salud del exfuncionario volvió incompatible su permanencia en prisión.
Según el expediente médico incorporado a la causa, De Vido sufrió en abril un cuadro cardíaco severo que derivó en una cardioversión eléctrica, una cinecoronariografía y una angioplastia con colocación de un stent. Los camaristas señalaron que el exministro presenta “múltiples patologías crónicas” y requiere controles clínicos permanentes, medicación específica, dieta controlada y seguimiento especializado que no podían garantizarse adecuadamente dentro del sistema penitenciario.
En la resolución, Casación tomó especialmente en cuenta las conclusiones del Cuerpo Médico Forense, que advirtió que el entorno carcelario podía agravar el cuadro clínico y aumentar el riesgo de nuevas descompensaciones o daños irreversibles para su salud. También pesó la edad del exfuncionario, de 76 años.
Tras conocerse la decisión, el juez de ejecución Ricardo Basílico ordenó el inmediato traslado de De Vido desde Ezeiza hasta su domicilio en Zárate, donde deberá cumplir arresto domiciliario con tobillera electrónica y vigilancia permanente del Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia.
El exministro cumplirá la condena en una chacra ubicada en el barrio Puerto Panal, en el paraje Las Palmas, sobre el kilómetro 93 de la Ruta Nacional 9, en Zárate. Allí ya había residido durante anteriores períodos de prisión domiciliaria.
De Vido permanece condenado por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa “Once 2”, derivada del accidente ferroviario ocurrido el 22 de febrero de 2012, que dejó 52 muertos y cientos de heridos en la estación Once. La Corte Suprema había dejado firme la sentencia en noviembre del año pasado.
