El viernes 27 de febrero quedó marcado como una jornada de alto impacto institucional en la Argentina. En el cierre del período de sesiones extraordinarias, el Senado aprobó dos leyes que venían siendo reclamadas desde hace años en distintos sectores de la sociedad: la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil.
En primer término, la Cámara alta convirtió en ley la reforma laboral, que había sido modificada en Diputados y finalmente fue aceptada con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones. La norma introduce cambios estructurales en el régimen de trabajo vigente: redefine el esquema de indemnizaciones, habilita nuevos mecanismos de contratación, promueve acuerdos laborales más flexibles y establece herramientas para reducir la litigiosidad. Uno de los puntos debatidos fue la eliminación del artículo referido a licencias médicas, que quedó fuera del texto definitivo.
El oficialismo sostuvo que se trata de una actualización necesaria para incentivar el empleo formal y mejorar la competitividad. Desde la oposición cuestionaron el alcance de la flexibilización y advirtieron sobre el posible impacto en derechos laborales.
Ese mismo día, el Senado también sancionó el nuevo Régimen Penal Juvenil, con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención. El eje central de la ley es la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, pero el texto va más allá de ese punto. La norma crea un sistema penal específico para adolescentes, con procedimientos diferenciados, intervención de equipos especializados, sanciones con enfoque socioeducativo y límites a la prisión preventiva. Además, establece que la privación de la libertad deberá ser excepcional y cumplirse en establecimientos adecuados.
Desde el peronismo se plantearon objeciones por presunta inconstitucionalidad y por la falta de financiamiento para que las provincias implementen el nuevo esquema. El oficialismo defendió la iniciativa como una respuesta institucional frente a delitos graves cometidos por menores y como una actualización pendiente del sistema penal juvenil.
En un mismo día, el Congreso aprobó dos reformas estructurales que habían permanecido durante años en debate sin avances concretos. Los tiempos políticos han cambiado en la Argentina. Si bien ambas normas serán objeto de revisión judicial y atravesarán el desafío de su implementación —especialmente en el caso del régimen penal juvenil—, constituyen señales claras de una etapa en la que el país busca dejar atrás un ciclo asociado al populismo y a los gobiernos de centroizquierda para avanzar hacia una mayor integración con las dinámicas del mundo actual. Las leyes, en ese marco, aparecen como herramientas centrales para modificar el rumbo y redefinir el futuro institucional del país.
