En su penúltima sesión extraordinaria, el Senado de la Nación aprobó este jueves modificaciones a la Ley de Glaciares y el proyecto quedó en condiciones de ser tratado por la Cámara de Diputados. La iniciativa obtuvo 41 votos afirmativos y 31 negativos, con la abstención de la neuquina Julieta Corroza.
El texto generó divisiones en casi todos los bloques, con la excepción de Patricia Bullrich, referente de La Libertad Avanza en la Cámara alta, cuyo espacio acompañó en bloque la propuesta impulsada por el oficialismo.
Uno de los puntos centrales del debate fue el artículo séptimo, que establece que cada provincia podrá designar la autoridad de aplicación —salvo en áreas protegidas por la Ley 22.351 de Parques Nacionales— encargada de identificar, con base técnico-científica, los glaciares y el ambiente periglacial que cumplan funciones hídricas estratégicas o de recarga de cuencas.
Desde el oficialismo y sectores aliados defendieron el esquema bajo el argumento de que los recursos naturales son de dominio originario de las provincias y que la modificación busca armonizar la norma con la Constitución y con criterios de la Corte Suprema. En ese sentido, el sanjuanino Bruno Olivera Lucero sostuvo que la Nación debe fijar presupuestos mínimos ambientales, pero sin avanzar sobre competencias provinciales.
En la misma línea se expresó la salteña Flavia Royón, quien afirmó que el proyecto no implica una flexibilización de la protección ambiental, sino que apunta a precisar criterios técnicos y promover estudios de campo con intervención territorial. También remarcó que el uso del agua en provincias mineras se concentra mayoritariamente en la actividad agropecuaria.
Las críticas llegaron desde distintos sectores de la oposición. El pampeano Pablo Bensusán advirtió que la norma fragmentaría los criterios de conservación, al habilitar que cada provincia defina parámetros propios, en detrimento del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). En la misma postura se ubicó el radical bonaerense Maximiliano Abad, quien alertó sobre posibles planteos de inconstitucionalidad y cuestionó la eventual pérdida de uniformidad en los presupuestos mínimos ambientales.
Desde el kirchnerismo, la mendocina Anabel Fernández Sagasti planteó que la reforma abre un escenario de mayor incertidumbre jurídica y advirtió sobre el impacto irreversible que podría tener cualquier intervención sobre glaciares, al considerar que su recuperación demanda décadas o incluso siglos.
El cierre del debate estuvo a cargo de Bullrich, quien rechazó la dicotomía entre desarrollo productivo y cuidado ambiental y defendió la necesidad de generar condiciones para atraer inversiones.
Con la media sanción ya otorgada por el Senado, el proyecto será ahora analizado en Diputados, donde se anticipa una discusión igualmente intensa en torno al alcance de la protección ambiental y el rol de las provincias en la gestión de sus recursos naturales.
