Luego de varios días de versiones y especulaciones, el presidente Javier Milei confirmó anoche que no vetará la ley de Presupuesto aprobada por el Congreso Nacional, a pesar de que el texto incluye disposiciones vinculadas al financiamiento de la educación universitaria y a la atención de la discapacidad, dos áreas sensibles que habían generado fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición.
La confirmación llegó durante una entrevista televisiva, donde el mandatario aclaró que, si bien el proyecto contiene artículos con los que el Poder Ejecutivo no coincide plenamente, la norma respeta el eje central de su política económica: el equilibrio fiscal. Según explicó, el presupuesto aprobado está estructurado bajo el principio de “déficit cero”, condición que consideró determinante para no avanzar con un veto presidencial.
Milei sostuvo que su decisión no implica un aval total al contenido incorporado por el Congreso, sino una elección política y técnica para evitar un nuevo conflicto institucional. En ese sentido, remarcó que el Ejecutivo cuenta con herramientas de administración interna para ordenar partidas y realizar ajustes sin comprometer el resultado fiscal general, aun manteniendo los fondos previstos para universidades nacionales y programas vinculados a la discapacidad.
El presupuesto había sido aprobado tras un extenso debate parlamentario, en el que la oposición logró sostener artículos que garantizan recursos para sectores que habían manifestado preocupación por eventuales recortes. En particular, las discusiones en torno a la educación universitaria derivaron en masivas movilizaciones a lo largo del año, mientras que las organizaciones vinculadas a la discapacidad reclamaron previsibilidad en el financiamiento de prestaciones y servicios.
En los últimos meses, el Gobierno había recurrido al veto en otras leyes sancionadas por el Congreso, lo que alimentó la expectativa de que el presupuesto pudiera correr la misma suerte. Sin embargo, el presidente optó por un camino distinto, priorizando la estabilidad macroeconómica y el funcionamiento del Estado antes que una confrontación directa con el Parlamento.
Con la decisión presidencial de no vetar la norma, el presupuesto queda a la espera de su tratamiento final en el Senado. Su eventual sanción definitiva marcará un punto clave para la gestión económica del próximo año y para la continuidad de políticas públicas en áreas estratégicas como la educación superior y la inclusión social.
