Este sábado, el presidente Javier Milei firmó el veto total a dos leyes sancionadas por el Congreso a principios de julio: una que proponía un aumento general del 7,2 % en jubilaciones y pensiones mínimas, y otra que declaraba la emergencia en discapacidad hasta fines de 2027, con mejoras en pensiones no contributivas y derechos complementarios.
La decisión será oficializada el lunes, cuando el veto quede publicado en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo sostiene que las normas generarían un gasto fiscal adicional cercano al 1,5 % del PIB, lo que pondría en riesgo la sostenibilidad del equilibrio fiscal que sostiene su gestión.
El objetivo del veto encaja en la línea política del gobierno de mantener el llamado déficit cero, un pilar central del modelo económico que Milei promueve. La Casa Rosada anticipó la medida aduciendo que las leyes eran fiscalmente inviables y que corrían el riesgo de desfinanciar el acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional.
¿Qué sigue en el Congreso?
El veto abre un proceso legislativo que podría terminar en su derogación. Para que las leyes se mantengan vigentes, el Congreso debe aprobar nuevamente las iniciativas con una majoría de dos tercios en ambas cámaras. Aunque en el Senado contaban con ese respaldo, en Diputados los apoyos fueron más ajustados y la oposición tendrá que movilizar aliados, incluyendo gobernadores y bloques provinciales, para alcanzar los 86 votos necesarios.
La oposición ya anunció su intención de insistir para lograr ese número en una próxima sesión. En cambio, el bloque oficialista evitó incluir el tratamiento en la sesión del miércoles 6 de agosto.
¿Una vía judicial?
Milei adelantó que, ante la eventual derogación del veto por parte del Congreso, su gobierno recurrirá a la vía judicial para impugnar la medida, argumentando que atentaría contra el superávit fiscal y que representa un “acto de demagogia”. Incluso si la Justicia actuase con celeridad, el Ejecutivo confía en que el impacto de cualquier medida favor viejo al Congreso se dilatará —y podría quedar resuelto luego de las elecciones de octubre.
Balance político y social
El veto profundiza la tensión entre el Ejecutivo y el bloque opositor. Las fuerzas sociales, especialmente jubilados y organizaciones que defienden los derechos de personas con discapacidad, ya adelantaron protestas frente al Congreso en rechazo a la medida. Para Milei, sin embargo, mantener el control fiscal sigue siendo prioritario para garantizar la estabilidad macroeconómica.
