La jueza de Nueva York Loretta Preska definirá este lunes si otorga a la República Argentina el beneficio de suspender la sentencia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos especulativos que demandaron por la expropiación de la petrolera.
El Gobierno nacional apeló el fallo el jueves ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. En su presentación, la defensa argentina dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos si el fallo vuelve a ser desfavorable.
Entre sus argumentos centrales, los abogados del país sostienen que la orden de Preska viola el derecho federal norteamericano, así como la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.
También mencionan la Declaración de Interés del Departamento de Justicia de EEUU, considerada como un respaldo institucional al país durante la administración de Donald Trump.
Por último, la apelación advierte sobre un posible “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial” por parte del tribunal que emitió la condena.
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