Con el horizonte electoral marcado por las elecciones del 7 de septiembre, ayer el Senado protagonizó una jornada que representa una de las derrotas más importantes del gobierno de Javier Milei desde su asunción. La sesión se alcanzó gracias a un quórum logrado por la oposición, que congregó tanto a gobernadores como al kirchnerismo y otros bloques disidentes, quienes aprovecharon el vencimiento de facultades extraordinarias para avanzar con una ofensiva legislativa.

Leyes aprobadas y el golpe a la promesa de déficit cero
La Cámara Alta dio luz verde a un paquete de normas clave:
- Aumento del 7,2 % en jubilaciones
- Reactivación de la moratoria previsional
- Declaración de emergencia para personas con discapacidad
- Fondo de emergencia para Bahía Blanca, rechazando el veto presidencial
- Giro automático de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias
- Coparticipación del 4% del impuesto a los combustibles, en beneficio de las provincias.
Estas leyes contaron con 52 votos a favor y 4 abstenciones, resultado que incluyó apoyos del peronismo, la UCR y bloques provinciales. Llamativamente, muchos senadores del propio PRO y Unión por la Patria respaldaron las iniciativas. El oficialismo respondió retirando a varios de sus legisladores, mientras algunos consideraron la sesión “autoconvocada” y criticaron la forma de convocatoria.
Qué dijo Milei: veto, acusaciones y Villarruel al centro
Desde la Bolsa de Comercio, Javier Milei calificó el paquete como un “intento de golpe institucional” en su contra, anunciando su intención de vetar todas las leyes sancionadas ayer. Además, cargó contra su propia vicepresidenta, Victoria Villarruel, a quien acusó de «traición» por permitir la realización de la sesión argumentando que, sin su respaldo, el quórum no sería legal.

El presidente también adelantó que, si el Senado decide con los dos tercios sobrepasar su veto, el Gobierno recurrirá a la vía judicial, argumentando que el paquete “rompe el equilibrio macroeconómico” y que el costo fiscal de algunas medidas alcanzaría los 2,5 puntos del PBI. Milei sostuvo que, aunque el veto sea rechazado por las cámaras, su ingreso a la Justicia puede demorar su implementación hasta después de las elecciones de octubre.
El proceso tras el veto: camino a la judicialización
Si Milei materializa su veto, el proyecto regresará al Congreso. Para anular el veto, ambas cámaras deben aprobarlo con una mayoría de dos tercios. En ese escenario, si el veto presidencial es superado, la norma se promulga sin firma. Pero Milei ya anunció que recurrirá a los tribunales, lo que abre un escenario sin precedentes: una ley aprobada, un veto presidencial rechazado, y una resolución final en manos de la Justicia.
Es clave considerar que, aunque el Congreso tenga la voluntad política, la judicialización puede generar demoras, incertidumbre en los mercados y un escenario institucional fragmentado. El Presidente adelantó que, si esto ocurre, incluso la implementación del paquete fiscal sería “mínima y transitoria”.
La decisión legislativa de ayer profundiza la grieta entre el oficialismo y la oposición, situando al Congreso en una confrontación directa con el Ejecutivo. A partir de ahora, todo dependerá de los tiempos: si se derrumba el veto, si el Gobierno judicializa la medida y si la Justicia actúa antes o después de los comicios. El desafío para Milei será sostener su promesa de déficit cero en medio de un Congreso que ya le torció el brazo y una Justicia aún sin veredicto.





