Un tribunal de Nueva York dictaminó que Argentina debe transferir a un fondo buitre controlado por Burford Capital y otros inversores el 51 % de las acciones de YPF. La resolución representa parte de una indemnización histórica por más de 16 mil millones de dólares, producto de la expropiación impulsada en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando Axel Kicillof era ministro de Economía.
La jueza Loretta Preska consideró que el Estado violó los estatutos de YPF, ya que no ofreció a los accionistas minoritarios un trato igualitario al brindado a Repsol. El fallo ordena la entrega del paquete accionario en un plazo de 14 días, algo que podría materializarse a través de una cuenta de custodia en Bank of New York Mellon.
La responsabilidad de Cristina y Kicillof
La medida estadounidense pone bajo la lupa la decisión política de Cristina Kirchner y la firma de Kicillof. Su expropiación, aunque impulsada como recuperación de la soberanía energética, careció de las garantías jurídicas necesarias para proteger a todos los accionistas. Ahora, esa política se traduce en un fallo desprovisto de legalidad según la opinión de un tribunal extranjero, una vacancia jurídica que podría haber sido evitada con un marco más sólido y transparente.
Vaca Muerta y el presente judicial
YPF había experimentado un crecimiento significativo, impulsado por su explotación del yacimiento de Vaca Muerta. Sin embargo, la orden de ceder la mayoría accionaria interrumpe ese proceso. El fallo causó que las acciones en Wall Street cayeran y afecta la confianza de los inversores, lo que puede retrasar futuras inversiones y desacelerar el desarrollo energético argentino .
Milei arremete contra Kicillof: “inútil soviético”
El presidente Javier Milei reaccionó con dureza. Señaló a Kicillof como responsable directo: “Es un fallo contra ese inútil soviético”, lanzó, prometiendo apelar “en todas las instancias para defender los intereses nacionales” También acusó a Cristina y sus seguidores de dejar al país en este estado de vulnerabilidad internacional.
Los siguientes pasos.
Pese a la contundencia del fallo, el gobierno argentino todavía tiene margen para responder judicialmente. El equipo legal del país confirmó que apelará la decisión, lo que podría frenar la ejecución inmediata de la sentencia. De hecho, hasta tanto no se resuelvan las instancias de revisión, no hay obligación de transferir las acciones. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito será clave en lo que sigue, y, eventualmente, el caso podría escalar a la Corte Suprema de Estados Unidos. Además, Argentina podría buscar alternativas diplomáticas o de negociación para mitigar el impacto económico y financiero del fallo.
El costo del relato populista.
Este fallo refleja los peligros del populismo y las decisiones apresuradas sin base jurídica. La expropiación de YPF fue una medida emblemática, pero se ejecutó sin blindajes legales para proteger a los pequeños accionistas. Argentina hoy paga las consecuencias no solo financieras, sino también reputacionales. El legado de Cristina y Kicillof implica ahora un costo implícito en Vaca Muerta: el capital extranjero mira con cautela, las inversiones se enfrían y el país pierde soberanía real en su principal compañía energética. Se estima que el costo económico total que deberá pagar el país duplica hoy el valor de la compañía, que se calcula en trecemil millones de dólares, pero Argentina deberá afrontar gastos por mas de veintiseismil millones.
