Los Concejales tresarroyenses Cecilia del Aguila (Coalición Cívica), Carlos Avila (Nuevos Aires) y Gustavo Moller (Unión y Libertad), enviaron notas al Intendente Pablo Garate, a las autoridades de Salud del distrito, Dra. Mercedes Moreno -Secretaria de Salud- y Dr. Juan Manuel Serna -Director Asociado del Ente Descentralizado de Salud-, y a la Presidente del Concejo Deliberante, Dra. Mara Redivo, dando cuenta de una grave anomalía tal como que el médico contratado por el Municipio para reforzar durante el verano la atención del Centro de Atención Primaria del balneario Orense, Dr. Mario Eduardo Esper, tiene su matrícula profesional dada de baja desde hace mas de dos años.
Según se informa en las notas cursadas por los ediles a las autoridades municipales, desde el Colegio de Médicos del Distrito X (Bahía Blanca), les fue informado ante su requerimiento formal, que el Dr. Esper tiene su matrícula profesional dada de baja desde hace dos años.
Hasta el momento ninguna de las notas presentadas por los Concejales ha tenido respuestas ni desde el Ejecutivo ni desde el Concejo Deliberante, siendo que fueron presentadas -y formado el correspondiente expediente administrativo- siendo que fueron presentadas hace ya una semana.
El Dr. Esper fue contratado por el municipio para brindar servicios en Orense entre el 16 de enero al 15 de febrero de 2026, y la situación irregular surgió, conforme lo expone la nota firmada por los legisladores locales, ante vecinos y profesionales de la salud que les comentaron la situación, ante la cual ellos realizaron formal consulta en el Colegio de Médicos del Distrito X y obtuvieron la confirmación de los dichos recavados.
Habría, asimismo, denuncias presentadas por otros profesionales médicos, ante la irregularidad, ya que la matriculación es un requisito indispensable para el ejercicio de la profesión, que permite controlar que el ejercicio de tan delicada profesión se realice baje los parámetros éticos y técnicos correspondientes.
La precopación expresada por los Concejales denunciantes recaé en la sociedad, que es víctima de la falta de control del Ejecutivo municipal al momento de contratar un profesional que custodie la salud de los orensanos y los turistas.
