El secretario de Desarrollo Social del Municipio de Tres Arroyos, Martín Garate, y la coordinadora del Área de Discapacidad, Andrea Elgart, presentaron una denuncia penal ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 16, a cargo del fiscal Gabriel Lopazzo, para que se investigue un posible uso y distribución con fines proselitistas de datos personales de personas con discapacidad en el distrito de Tres Arroyos por parte de dirigentes del espacio político La Libertad Avanza.
La denuncia se fundamenta en conversaciones de WhatsApp difundidas públicamente el pasado 9 de enero, atribuidas a la concejala bahiense Franca Grippo, coordinadora de La Libertad Avanza en la Sexta Sección Electoral. En dichos mensajes se menciona que la dirigente tendría en su poder “el padrón de Incluir Salud de toda la Sexta, dividido localidad por localidad, para que puedan hacer territorio”.
Entre los fragmentos incorporados como prueba, se citan expresiones como:
“Es información reservada, me la dieron en papel y se las voy a dar en mano a ustedes”,
“Los que vayan a la inauguración de Tres Arroyos me avisan y se las llevo”, y
“Me pidieron que lo entregue en mano, porque es info reservada y no quieren que ande circulando”.
En la presentación judicial, los funcionarios municipales detallan que tres días después del 17 de junio de 2025, fecha en la que se habrían enviado esos mensajes, se inauguró un local partidario de La Libertad Avanza en Tres Arroyos, hecho que fue reflejado por medios locales el 20 de junio de 2025. Según se indica, Franca Grippo estuvo presente en el acto, tomó contacto con referentes locales, concejales en funciones y candidatos, y dirigió palabras a los asistentes, tal como surge de fotografías publicadas por la prensa.
Finalmente, el pedido elevado a la Justicia solicita que se investigue la posible comisión del delito previsto en el artículo 157 bis del Código Penal, referido al acceso ilegítimo y la revelación indebida de datos personales, considerando como agravante que los eventuales responsables pudieran revestir la condición de funcionarios públicos. La denuncia pone especial énfasis en la protección de los datos sensibles de personas con discapacidad, remarcando la gravedad institucional que implicaría su uso indebido.
