De oficio, la justicia formó una causa en relación a los hechos sucedidos en la tarde del domingo frente al Country Zurita. Dice textualmente el informe policial que se instruyen actuaciones: «…dando cuenta concentración de personas y motovehículos realizando maniobras sinuosas, no respetando normas de seguridad y exponiendo integridad propia y terceros sobre Av. Monteagudo entre Moreno y Ruta 228 Ts. As., personal constituye lugar donde constata gran congruencia de personas y vehículos, donde se produce desconcentración parcial y cese de maniobras por parte motovehículos (picadas) no identificando infractores. Se procura mediante testimonios y aportes de videos individualizar causantes«. Esta causa es la materialización de la imposibilidad del estado de controlar una horda que no respeta ni su propia vida. Deberían constituirse en el lugar mas personal policial que personas haciendo picadas y «disfrutando» de ellas. Cuestión imposible, por lo que simplemente se le pide a la justicia que haga lo que pueda.
EDITORIAL
Las acciones de gobierno, generalmente, tienen la lógica del bien común, de la protección del ciudadano, del mejoramiento de la calidad de vida de quienes son gobernados. Toda gestión gubernamental debería trabajar en pos de ese bien común. Ahora bien, el contrato social por el cual los ciudadanos nos dejamos gobernar por las autoridades se asienta sobre una base: que todos queremos vivir mejor.
Aquellos que quedan fuera de esa lógica, es decir, que no aceptan vivir en comunidad respetando a los demás y sus derechos, y subordinándose a los intereses generales, son puestos fuera de los límites de la convivencia, y por tanto son reprendidos para que modifiquen su actitud, o en casos extremos separados del tejido social para que no sigan causando daños.
Para eso está la ley, para determinar que conductas o comportamientos merecen una sanción, y que tipo de sanción merecen. Pero el problema ante el cual nos enfrentamos día a día, y mucho más los fines de semana, no es una conducta que habilite a separar de la sociedad a los que la realizan, sólo a castigarlos con alguna pena menor, como una multa, que no soluciona el drama diario de las motos, los motoqueros, el ruido, la imprudencia y el desmadre general que se vive en Tres Arroyos por la pertinaz actitud de quienes creen que la libertad y la diversión consiste en hacer mucho ruido, corres picadas, mostrar sus habilidades de acróbatas sobre dos ruedas y arriesgar su propia vida y la de los demás como si nada importara.
Cabe entonces la pregunta ¿qué puede hacer el estado ante una parte de la sociedad que decide vivir en la anomia? Es decir, que ha elegido vivir sin reglas, ni para si ni para los demás. En algunas ocasiones ciertas porciones de la sociedad se sublevan ante el régimen imperante y crean revoluciones dignas de entrar en la historia. No es este el caso, aquí mas bien se trata de la estupides en su máximo esplendor. Una estupides que no es objeto de esta nota analizar de donde surge, si de la marginalidad, si de la necesidad de transcender y hacerse ver, o de qué otro lugar de la mente de aquellos que cada día y cada fin de semana suben a sus motitos ha hacer ruidos, a molestar, a exhibirse arriesgando su propia vida.
Podrán hacerse operativos, controles, multas, etc.. Y a la vuelta de la esquina, habrá se repetirá la escena. El Estado es impotente ante la idiotes. Quizá la educación tenga la respuesta, pero eso lleva tiempo.
