La Corte Suprema de Brasil (STF) dictó ayer sentencia que marca un hito en la historia del país: el expresidente Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión en régimen inicialmente cerrado, tras ser declarado culpable por varios delitos relacionados con su actuación tras las elecciones de 2022.
Bolsonaro fue hallado responsable de cinco cargos principales: Intento de golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022; Participación en organización criminal armada, diseñada para subvertir la democracia; Violenta abolición del orden democrático constitucional, usando el aparato institucional con ese fin; Daños al patrimonio público, incluidos bienes protegidos y Deterioro de bienes culturales protegidos.
La sentencia establece que la pena se cumpla en régimen cerrado desde el inicio, es decir, en una cárcel común. En consideración a su edad (más de 70 años), la condena fue atenuada en algunos aspectos, lo que redujo su duración en comparación con lo que podría haber sido sin esa circunstancia. Además se le impusieron diversas multas.
Bolsonaro permanece bajo arresto domiciliario mientras tramitan las apelaciones legales, no comenzará a cumplir la pena en prisión hasta que todas las instancias jurídicas sean definidas.
Además de Bolsonaro, fueron condenados exfuncionarios, militares y allegados por su rol en la trama: organización del intento de golpe, coordinación y soporte logístico, así como planificación de acciones para obstaculizar la transición democrática. Uno de los allegados más relevantes, Mauro Cid, fue condenado a dos años en régimen abierto, gracias a su colaboración con las investigaciones.
Es la primera vez en Brasil que un expresidente es condenado por un intento tan explícito de subvertir el sistema democrático. La decisión fue tomada por una sala de cinco jueces, de los cuales cuatro votaron por la condena de Bolsonaro en todos los cargos, y uno se pronunció por la absolución. La sentencia es parte de la causa conocida como Ação Penal 2668, que investiga los hechos acontecidos tras las elecciones de 2022 y el asalto a los poderes del Estado ocurrido el 8 de enero de 2023, entre otras maniobras. Bolsonaro queda inhabilitado para ejercer cargos públicos durante varios años, según la ley aplicable, incluso después de cumplir la condena o si ésta queda firme.
