El gobierno de Javier Milei obtuvo un fallo judicial de carácter inmediato que impide a los medios de comunicación divulgar los audios atribuidos a Karina Milei, presuntamente registrados de manera ilegal dentro de la Casa Rosada.
La medida fue dictada por el juez Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello y difundida por el vocero presidencial, Manuel Adorni. Según explicó, la resolución “ordena detener de forma urgente la reproducción de audios obtenidos en forma clandestina a la secretaria general de la Presidencia”, ya que se consideró “una grave intromisión en la privacidad institucional y no un caso protegido por la libertad de expresión”.
El dictamen establece que no podrán difundirse los registros “a través de ningún medio escrito, audiovisual, digital o en redes sociales, cualquiera sea la plataforma utilizada”, y especifica que se limita únicamente a grabaciones realizadas en la sede gubernamental.
Lo más controvertido del fallo es que el magistrado afirma que “el derecho a la libertad de expresión debe quedar subordinado frente a las graves consecuencias que podría acarrear la divulgación de los audios”. Para justificarlo, sostiene que la difusión representaría “un daño difícil o imposible de reparar”, aun cuando no tuvo acceso al contenido de las grabaciones en cuestión.
En paralelo, el Ejecutivo presentó una denuncia penal invocando la ley de inteligencia, donde también solicita censura preventiva a los medios de comunicación y eventuales allanamientos a periodistas. Esa presentación quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 12, actualmente a cargo de Julián Ercolini. Si bien hasta ahora no se dispuso ninguna medida, circulan versiones sobre la posibilidad de que se ordenen procedimientos judiciales.
El pedido del gobierno incluye un operativo en Carnaval Stream, el canal que difundió los audios, para secuestrar “servidores, discos rígidos, equipos de edición, copias de respaldo, planillas de programación y toda documentación vinculada con la recepción y difusión del material”.
También reclama allanamientos en los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, del abogado Franco Bindi y del dirigente deportivo Pablo Toviggino, con el objetivo de incautar dispositivos electrónicos y papeles relacionados. En el escrito se pide que se adopten “medidas cautelares inmediatas” que impidan nuevas filtraciones, advirtiendo que quien incumpla incurrirá en el delito de desobediencia (artículo 239 del Código Penal).
Estas acciones coinciden con el planteo público de la diputada oficialista Florencia Arietto, quien el domingo solicitó citar a los periodistas para que revelen sus fuentes. La posición de Arietto generó fuerte polémica, ya que la Constitución Nacional garantiza la protección de las fuentes periodísticas, lo que convierte el reclamo en una amenaza directa a la libertad de prensa.
