Entre las reformas estructurales que el gobierno de Javier Milei piensa llevar adelante en la segunda parte de su mandato, la reformulación de la legislación laboral se presenta como prioritaria. En tal sentido, adelantan que están trabajando en proyectos que se encontrarán entre los primeros a ser enviados al Congreso en diciembre próximo, cuando el oficialismo espera ver incrementada su representación, tanto en Diputados como en el Senado.
El año pasado, y mediante la Ley Bases, el oficialismo logró introducir modificaciones en la legislación laboral, incluyendo la promoción del empleo registrado, la creación de una figura de trabajador independiente con colaboradores y modificaciones en la indemnización por despido, entre otros.
Sin embargo, no logró terminar con problemas judiciales que tienen a maltraer a las empresas. Por el contrario, se observa un crecimiento de la litigiosidad que se atribuye, entre otros factores, a la aplicación de multas e intereses que son considerados siderales por el sector patronal, como así también a la actualización judicial de los montos indemnizatorios, que puede multiplicar por diez o más veces el monto original reclamado.
En estas condiciones, los analistas señalan que no debe extrañar que el trabajo "no registrado" se haya triplicado desde comienzos de los años noventa.
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