Una extensa investigación permitió desarticular una organización dedicada a la realización de carreras ilegales de galgos, apuestas clandestinas y maltrato animal. El operativo, dirigido por la Coordinación Zonal de Seguridad Rural con sede en Tres Arroyos, se llevó a cabo tras varios meses de trabajo coordinado entre diversos Comandos de Prevención Rural de la región.
El caso se originó a partir de tareas encubiertas llevadas adelante por el CPR de Coronel Pringles. A través del análisis de cámaras de seguridad, seguimientos y monitoreo de grupos cerrados en redes sociales y aplicaciones de mensajería, se logró identificar a los organizadores y participantes de las carreras. Como resultado, se ordenaron 14 allanamientos simultáneos: 6 en domicilios de Tres Arroyos y 8 en Coronel Pringles.
Durante los procedimientos se incautaron teléfonos celulares, equipos de comunicación (handys), jeringas, químicos veterinarios, armas de fuego —algunas sin documentación—, además de capas de competición y trofeos, elementos que revelan la existencia de una red bien estructurada, con alcance en distintas localidades y provincias.
Las carreras se promovían y coordinaban mediante grupos cerrados, y se llevaban a cabo en campos rurales, en muchos casos sin autorización de los propietarios. Las apuestas, de montos elevados, eran pactadas previamente de manera virtual.
La causa judicial tramita en el Departamento Judicial Bahía Blanca y fue caratulada por infracción a tres leyes clave: Ley 27.330, que prohíbe las carreras de perros en todo el territorio nacional; Ley de Protección Animal, que castiga el maltrato y la crueldad hacia los animales y Ley 13.470, que penaliza las apuestas ilegales.
Además, el hallazgo de armas sin documentación derivó en nuevas actuaciones judiciales por tenencia ilegal.
Desde la Coordinación Zonal de Seguridad Rural destacaron el trabajo articulado entre las distintas patrullas rurales y subrayaron el rol clave de la comunidad, cuyas denuncias fueron fundamentales para avanzar en la investigación. También se remarcó la importancia de erradicar prácticas que no solo atentan contra el bienestar animal, sino que también generan riesgos para la seguridad en los entornos rurales.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días.
